En contraportada

El interesado deberá justificar, en el expediente regulado por la legislación del Registro Civil, buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española.

Esto es lo que dice el artículo 22.1 del Código Civil, relativo a la concesión de la nacionalidad española por residencia a los inmigrantes que la pidan. “Suficiente grado de integración en la sociedad española”. Desde hace un tiempo, está en el aire la polémica sobre este punto. ¿Cómo se puede conocer o valorar el grado de integración de una persona en la cultura y en el estilo de vida de un país? Muchos jueces lo ven muy sencillo. Elaborando un test que los inmigrantes deben responder correctamente. Uno de estos jueces es el del registro de San Bartolomé de Tirajana (Islas Canarias). Gracias a los compañeros de GuinGuinBali, que han tenido acceso al examen, podemos echarle un vistazo a las preguntas y, de paso, saber si, en función de nuestras respuestas, seríamos españoles. Vayamos primero con las siguientes preguntas (el test contiene más preguntas y no obligatoriamente en este orden):

1. Países vecinos de España con los que hace frontera.
2. ¿Quién es el presidente del Gobierno?
3. Partes de España que conoce o que le gustaría visitar.

Por ahora, creo que es bastante fácil (teniendo siempre en cuenta que yo nací y estudié aquí). Sigamos: Lea el resto »

Tan solo veinticuatro horas ha durado en YouTube el nuevo videoclip realizado por Romain Gavras, hijo del célebre cineasta Costa-Gavras. El vídeo, que acompaña a la canción Born Free, tema que abre el nuevo disco de la rapera M.I.A., busca denunciar desde un punto de vista muy particular la segregación y la persecución racial en Estados Unidos. En él, los ilegales son la gente pelirroja, a los que se saca a la fuerza de sus casas para llevarlos a un descampado donde tienen que correr por campos minados o, directamente, esquivar las balas de la policía.

En Born Free, Romain Gavras afonda en un estilo documental muy directo donde la ultraviolencia es uno de los principales ingredientes. Siempre polémico, Gavras es miembro fundador del colectivo parisino Kourtrajme, desde donde firmó un gran número de vídeos con un estilo muy similar al de Born Free, como el videoclip que acompaña a la canción Stress, del dúo francés de música electrónica Justice.

Pese a lo que muchos puedan opinar en contra del estilo de Gavras, no hay más que echar un vistazo a la nueva ley antiinmigración que el pasado 24 de abril promulgó Jane Brewer, gobernadora de Arizona, por la cual la presencia de indocumentados en el estado se convierte en un delito menor, dando además permiso a la policía para que detenga a personas sospechosas de no poseer papeles. Born Free no busca nada más que denunciar esta realidad.

“Aquí no sirven las políticas de integración, aquí lo que se necesita son medidas contundentes, policiales y judiciales y que estas personas abandonen la calle y que los encierren en la cárcel o los devuelvan a su país”. Estas son las palabras de Xavier García Albiol, concejal y candidato del Partido Popular para la alcaldía de la ciudad de Badalona, en relación al colectivo gitano rumano asentado en la ciudad catalana. Es el mismo Xavier García Albiol que este fin de semana lanzaba un folleto racista donde se podía leer claramente: No queremos rumanos. El panfleto, abiertamente xenófobo, publicado con el nombre del Partido Popular, mezcla imágenes de personas en la calle, supuestamente de nacionalidad rumana, y manifestaciones ciudadanas con palabras como inseguridad, incivismo o suciedad.

El asunto ha llegado rápidamente a los medios, y -lástima que sea solo por eso- el Partido Popular de Catalunya no ha tenido más remedio que pedir disculpas a todos los colectivos que se hayan podido sentir heridos con la campaña. Al igual que Sánchez-Camacho, presidenta del PPC, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, pidió también perdón en nombre de la ejecutiva nacional del partido por lo que él considera unas “extremadamente desafortunadas” declaraciones de Albiol. Sin embargo, y como viene siendo habitual desde hace un tiempo, ningún miembro del PP ha movido un solo dedo para destituír a Albiol ni para exigirle una rectificación pública. Lea el resto »

La crisis económica, además de provocar lo evidente, trae consigo el aumento de la repulsa hacia los inmigrantes. Así lo deja ver el informe Evolución del racismo y la xenofobia en España (2009), elaborado por el Observatorio del Racismo del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Si las cosas nos van mal, la culpa es de los que vienen de fuera, pensará el 37% de los españoles que dice rechazar la entrada de inmigrantes en el país. Supongo que movidos por la típica afirmación de “estos solo vienen a robarnos el trabajo” no se han parado a echarle un vistazo a las estadísticas del paro. Seguramente este 37% de la población no sabrá que el colectivo inmigrante es de los más afectados por la falta de empleo. Es más que probable que este 37% de pensamiento xenófobo no quiere comparar nóminas y observar que, cuando hay trabajo, su sueldo es -y apuesto lo que sea- muy, pero muy superior al de aquellos a los que achacan la culpa de que haya tanto desempleo.

Lo que hay que hacer es endurecer -más aún, si cabe- las políticas de expulsión de inmigrantes ilegales, apunta, ya no el 37%, sino el 42% de los encuestados, que opinan que estas son “demasiado tolerantes”. Porque echarlos con la mayor brevedad posible es de tolerantes. De verdadera tolerancia es poder llevarlos a la comisaría más cercana cuando no puedan identificarse. Por no hablar de que una vez que se les expulse, tienen la entrada prohibida durante por lo menos cinco años.

Y los porcentajes de xenofobia siguen en aumento. Ahora el 68% de las personas encuestadas creen aceptable que se expulse a los inmigrantes legalmente establecidos, siempre y cuando hayan cometido algún delito. ¿Y si son ilegales? Entonces se les puede meter, por ejemplo, ocho años en prisión por haber vendido discos o películas en el top manta. Porque la culpa es de ellos, que intentan sobrevivir, y no de los que compran. La culpa no es de los racistas, de los que explotan. La culpa no es de los empresarios que se aprovechan de la situación de desamparo de personas que solo buscan una oportunidad. La culpa es de ellos, por cometer el error de pensar que aquí los recibiremos como debería ser.

Porque este tampoco es el país -entendiéndolo como el conjunto de la sociedad española- de las grandes oportunidades. Desgraciadamente, no es un lugar en el que se les vaya a respetar. Seguirá siendo un país de imposición de la cultura -a veces muy sesgada-, un país de aumento del racismo y xenofobia. Un país que -y clamo porque no lleguemos a ese punto- no ve tan lejos los modelos de control de inmigración franceses o italianos. Un país que ayer, 1 de marzo, no recogió en los medios las protestas en ciudades españolas de un colectivo invisible.

Y es que, por ahora, no todos sumamos.

En definitiva, cuando se presente a un extranjero respecto del cual proceda iniciarse expediente de expulsión, la primera actuación que ha de realizarse, a la mayor brevedad y en el tiempo mínimo imprescindible, es el acuerdo de iniciación del expediente de expulsión.

Esto es exactamente lo que dice la Circular 1/2010 que difundió con fecha de 25 de enero la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, cuyo objetivo no es más que, como ya han denunciado diferentes asociaciones pro derechos humanos, poder expulsar a los inmigrantes ilegales en territorio español con la “mayor brevedad posible”.

El Foro Galego da Inmigración fue una de las primeras asociaciones que quiso denunciar la existencia de una circular secreta que pone de manifiesto la “persecución policial” contra el colectivo inmigrante y el interés por las “expulsiones exprés” de los mismos. Aunque el secretismo del comunicado fue después negado por el propio ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en las 29 páginas que conforman la circular puede advertirse destacada la siguiente aclaración:

Documento de uso restringido para unidades de extranjería y fronteras del Cuerpo Nacional de Policía. Prohibida su reproducción, difusión, publicación o utilización por personal ajeno a estas unidades.

Entre otras cosas, y aunque desde el ministerio señalan que la circular no hace otra cosa que aclarar las actuaciones policiales derivadas de la reciente Ley de Extranjería, el documento hace mención al artículo 11 de la LO 1/1992, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, que dice:

[...] impone a los extranjeros que se hallen en España dos obligaciones: Una, la de acreditar su identidad. Otra, la de acreditar que se hallan legalmente. En este supuesto, esa misma norma posibilita, al objeto de sancionar una infracción, el traslado a la dependencia policial para practicar las diligencias de identificación por el tiempo imprescindible.

En relación al tema, pude intercambiar unas palabras con Miguel Fernández Blanco, portavoz del Foro Galego da Inmigración. 

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Escalofriantes las reacciones de los lectores que han comentado esta noticia en 20 Minutos. Me sorprende el sexto sentido racista que se puede observar en gran parte de los comentarios. Una familia busca recaudar una gran cantidad de dinero para operar a su hija en Estados Unidos, y la idea de muchos de los comentaristas es: “Claro, pero luego en España si operamos a los inmigrantes”.

Increíble. En época de crisis, ¿también aumenta el racismo?