En contraportada

En la lucha contra la violencia de género, uno de los papeles más importantes lo juega la justicia y todas las personas que la forman y representan. Ayer, un gran número de asociaciones de jueces criticaron la propuesta, aprobada hoy por el Consejo de Ministros, de Leire Pajín, ministra de Política Social, Sanidad e Igualdad, de reformar el código civil de forma que los hombres que se encuentren inmersos en un proceso judicial por violencia de género no podrán obtener la custodia individual de su descendencia.

Los motivos que ofrecen estas asociaciones para criticar la medida son bastante similares. Marcelino Sexmero, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco Vitoria (AJFV), dijo que “no se puede deducir automáticamente que en todos los casos la violencia machista vaya a producir un peligro para el menor”. En la misma línea, José Luis Ramírez, portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), afirmó que “atribuir la custodia siempre a la víctima no tiene razón de ser”. “No hay nada que demuestre conexión entre ser maltratador con ser un mal progenitor”, explicó. Todos ellos coinciden además en que actualmente un juez ya puede decidir quitarle la custodia al maltratador si así lo considera oportuno. Y así es, el Código Civil, a día de hoy, recoge en su artículo 92 la prohibición en los casos de custodia compartida, no individual. Además, el Código Penal también establece que el juez puede tomar las medidas que considere oportunas en lo que respecta a la custodia y al régimen de visitas. Eso sí, gracias a esta nueva medida, ahora la decisión es automática y no subjetiva.

Al observar las rápidas reacciones de estas asociaciones, me surge una pregunta: ¿por qué tanto miedo a cerrar el cerco a los maltratadores? Su reacción no demuestra más que un patriarcado vigente en muchos rincones de la justicia que, por desgracia, hace necesario que el gobierno tenga que obligar a los jueces a retirar automáticamente la custodia de sus hijos e hijas a un hombre inmerso en un proceso por violencia de género (todavía no está decidido si se aplicará a los procesados o imputados).

Lo más importante es que esta medida permitirá que todas aquellas mujeres que no denunciaban por miedo a perder la custodia de su descendencia, puedan hacerlo sin temor a la decisión de un juez machista y arbitrario.

El interesado deberá justificar, en el expediente regulado por la legislación del Registro Civil, buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española.

Esto es lo que dice el artículo 22.1 del Código Civil, relativo a la concesión de la nacionalidad española por residencia a los inmigrantes que la pidan. “Suficiente grado de integración en la sociedad española”. Desde hace un tiempo, está en el aire la polémica sobre este punto. ¿Cómo se puede conocer o valorar el grado de integración de una persona en la cultura y en el estilo de vida de un país? Muchos jueces lo ven muy sencillo. Elaborando un test que los inmigrantes deben responder correctamente. Uno de estos jueces es el del registro de San Bartolomé de Tirajana (Islas Canarias). Gracias a los compañeros de GuinGuinBali, que han tenido acceso al examen, podemos echarle un vistazo a las preguntas y, de paso, saber si, en función de nuestras respuestas, seríamos españoles. Vayamos primero con las siguientes preguntas (el test contiene más preguntas y no obligatoriamente en este orden):

1. Países vecinos de España con los que hace frontera.
2. ¿Quién es el presidente del Gobierno?
3. Partes de España que conoce o que le gustaría visitar.

Por ahora, creo que es bastante fácil (teniendo siempre en cuenta que yo nací y estudié aquí). Sigamos: Lea el resto »

Finalmente, el Consejo General del Poder Judicial ha decidido hoy suspender a Garzón de sus funciones al frente del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional. La decisión, tomada por unanimidad, no podía ser otra, ya que después de que Luciano Varela decidiese abrir un juicio oral en tiempo récord, el CGPJ no podía hacer otra cosa que suspender cautelarmente al juez (artículo 383 de la Ley Orgánica del Poder Judicial -LOPJ-).

Hoy, como bien dice Juan Cruz, es “un día extraordinariamente gris para la naturaleza de la democracia y para la vitalidad de las instituciones judiciales, que se echan encima un tremendo baldón. Un día malo.”

*Desde la red social Facebook se están convocando concentraciones en gran parte de las ciudades del país (también de fuera como Bruselas o Buenos Aires) en protesta por la suspensión de Garzón. Pásalo.

Lo que son las prisas. Al juez Luciano Varela le ha entrado el canguele solo con pensar que Baltasar Garzón podría marcharse a La Haya como consultor externo de la Corte Penal Internacional (CPI) después de la invitación del fiscal de la misma, Luis Moreno Ocampo. Y es que después de tanto tejemaneje con Manos Limpias y Falange, Varela no iba a dejar que las cosas se acabasen así. No le vale que Garzón tenga que prácticamente exiliarse del país para poder seguir trabajando en lo suyo, no. Después de tantas clases a los ultras de Manos Limpias y Falange (estos últimos no llegaron a tiempo) para que adecuaran sus acusaciones de forma que pudiera aceptarlas, esto no podía quedar así.

Pero las cosas estaban difíciles para Luciano. Había que darse prisa si quería abrir el juicio oral contra Garzón, ya que tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores como la Audiencia Nacional ya estarían trabajando para decidir si aceptaban el traslado del juez a La Haya. Y no solo eso, sino que a Luciano Varela le quedaban todavía siete recursos que responder. Tic tac, tic tac. ¿Qué hacer? La tensión aumenta mientras los enemigos de Garzón no dejan de presionar a Varela para que -¡por favor!- Garzón no pueda escaparse. Solución: presentar cuatro autos y tres providencias entre ayer y hoy -qué casualidad, justo despúes de conocerse la invitación de Ocampo a Garzón-. Toma ya, eliminando recursos in extremis. ¿Y ahora? Camino libre.

Con esto, Luciano Varela realizó un trabajo chapucero, apurado y repudiable que ni Jack Bauer. En menos de 24 horas desde que Garzón anunciase que se irá a la CPI por un período prorrogable de siete meses, el magistrado del Tribunal Supremo emite un auto por el que abre un jucio oral contra Baltasar Garzón. Y no recurrible, no vaya a ser. Y ahora, el Consejo General del Poder Judicial convoca una reunión extraordinaria el viernes para debatir la suspensión cautelar del magistrado, evitando así que Garzón pueda marcharse. Un punto más para el franquismo.

¿Quién dijo que la justicia era lenta?

Os alimenta el aire sangriento de un juzgado,
de un presidio siniestro de abogados y jueces.
Y concedéis los pedos por audiencia de un lado,
mientras del otro lado jodéis, meáis a veces.

Herís, crucificáis con ojos compasivos,
cadáveres de todas las horas y los días:
autos de poca fe, pastos de los archivos,
habláis desde los púlpitos de muchas tonterías.

Miguel Hernández – Los hombres viejos (fragmento)

La Universidad de Catalunya se ha volcado hoy con Garzón, protagonizando un nuevo acto de apoyo al juez. Bajo el lema Un clamor de justicia, el paraninfo de la Universidad se llenó de estudiantes, políticos y personajes del mundo de la cultura que quisieron mostrar su repugna ante una posible suspensión de Garzón por querer investigar los crímenes del franquismo. Sin embargo, una vez más, el protagonismo recayó sobre un ex fiscal, José María Mena, quien, al igual que Villarejo, pronunció un gran discurso. Os dejo a continuación un fragmento: Lea el resto »

Finalmente, lo que muchos llevaban pidiendo desde hace algún tiempo se ha cumplido. Viendo que aquí, país desde donde se condenaron y persiguieron la mayor parte de las dictaduras internacionales, no parece posible una investigación del franquismo, la esperanza para recuperar la memoria ha cruzado el charco. Lea el resto »

¿Había alguien que pensase que no se produciría un estallido cuando alguien se decidiese a investigar el franquismo? No nos engañemos, los dos bandos siguen y seguirán existiendo mucho tiempo. Han pasado ya 35 años desde el fin de la dictadura, tiempo suficiente para sentarnos y pensar si realmente es conveniente que la Ley de Amnistía de 1977 todavía esté en vigor. La Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de la que ya hablamos el otro día, ratificada el año pasado por España, traerá consigo la lógica modificación o derogación de tal ley, pues son incompatibles. La primera impide que los crímenes sucedidos en el franquismo se puedan juzgar. La segunda, sin embargo, obliga al Estado -ya no a los jueces, sino directamente a los gobiernos de los países firmantes- a investigar las desapariciones sistemáticas y generalizadas, pues son crímenes de lesa humanidad no amnistiables. El debate, a pesar de que este punto se suele obviar, está servido para entonces.

Casualidades del destino, por decirlo de algún modo, la suerte ha querido que el debate se adelante. Diferentes asociaciones de víctimas del franquismo, denunciaron hace ya unos años las desapariciones de sus familiares durante el franquismo. Amparados además por la Ley de Memoria Histórica, que obliga a exhumar los cuerpos de las víctimas, consiguieron que un reconocido juez, Baltasar Garzón, abriese una causa para investigar los crímenes de la dictadura. Poco después tres grupos de ultraderecha, el sindicato Manos Limpias, el partido político Falange Española de las JONS y la asociación Libertad e Identidad, presentaron diferentes querellas contra el magistrado por prevaricación al considerarse competente al iniciar tal investigación, cuando, entre otras cosas, la Ley de Amnistía se lo impide, dicen. Para terminar rápido el resumen -ya hemos profundizado en el tema en otras ocasiones-, un juez del Tribunal Supremo, Luciano Varela, saca adelante las querellas y sentará a Garzón en el banquillo de los acusados, con su consiguiente y más que posible suspensión de todas sus actividades como magistrado. Lea el resto »

Ayer, 12 de abril de 2010, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por el magistrado Javier Gómez Bermúdez, absolvía a los cinco directivos del diario Egunkaria, tras más de siete años acusados de pertenecer a la organización terrorista ETA. En concreto, el fallo, que desoye las denuncias presentadas por Dignidad y Justicia y la Asociación de Víctimas del Terrorismo, absuelve a Juan María Torrealday, presidente del Consejo de Administración del periódico, a los consejeros José María Auzmendi, Ignacio María Uría y Marcelo Otamendi, y al último redactor jefe del diario, Javier Oleaga, puesto que no hay ni una sola prueba que demuestre no solo que no pertenezcan a ETA, sino que, tal y como recoge la sentencia, “tampoco se ha acreditado ni directa ni indirectamente que el periódico Euskaldunon Egunkaria haya defendido los postulados de la banda terrorista, haya publicado un solo artículo a favor del terrorismo o de los terroristas ni que su línea editorial tuviese siquiera un sesgo político determinado”

La sentencia completa del llamado caso Egunkaria queda perfectamente resumida en cinco párrafos que Ignacio Escolar publica en su blog. Sin embargo, vamos a lo que ahora nos atañe, y son todas aquellas cosas que en su momento se dijeron desde diferentes medios sobre el caso. Algunas de ellas salieron de boca o fueron escritas por periodistas reconocidos que no tuvieron el más mínimo reparo en acusar directamente a los directos de Egunkaria de terroristas tras el cierre de la publicación. Ayer, y gracias a los archivos y las hemerotecas, todos han quedado en entredicho. Lea el resto »

Para comprender mejor la irracionalidad del enjuiciamiento del magistrado Baltasar Garzón, es necesario atender a una serie de cuestiones jurídicas que determinan, por decirlo de algún modo, la inocencia del juez.

A Garzón, tras unas querellas presentadas por Manos Limpias, Libertad e Identidad y la Falange Española de las JONS, se le acusa de prevaricación por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo. Uno de los puntos en los que se ampara el magistrado Luciano Varela para sentar a Garzón en el banquillo es que este último se ha saltado la Ley de Amnistía de 1977. Dejando a un lado el hecho de que se pueda estar a favor o en contra de dicho acuerdo, el caso es que la Amnistía del 77 se realizó, más que nada, con el objetivo de indultar y reconocer la lucha antifranquista, dejando en libertad a todos aquellos opositores a la dictadura que habían sido procesados o condenados por tribunales franquistas. No hay que olvidar, sin embargo, que dicha amnistía incluía también a un gran número de militares y políticos afines al régimen de Franco, aunque, como bien dice Luis Acebal, vicepresidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, en un artículo en periodismohumano.com, “estos no lo necesitaban, porque con los que estaban vivos ¿quién se atrevía?”. Lea el resto »

Que el llamado sindicato de funcionarios públicos Manos Limpias, de clara ideología ultraderechista, quiera cargarse al juez Baltasar Garzón no es nada nuevo. Su lucha permanente por conseguir la inhabilitación del juez empezó ya hace más de 13 años. Según el propio archivo de denuncias del sindicato, del que no se conoce ningún afiliado más que su presidente, Francisco Jiménez Luis, y su secretario general, Miguel Bernad Remón, Manos Limpias denunció al magistrado en las siguientes ocasiones: Lea el resto »