En contraportada

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado esta mañana en el Comité Federal del PSOE su decisión de no presentarse a las próximas elecciones generales. Las primarias para elegir al próximo candidato o candidata se iniciarán una vez pasadas las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo. ¿Quién crees que será?

Según la Ley de Partidos Políticos, un partido político será declarado ilegal cuando “vulnere sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología [...]; cuando fomente, propicie o legitime la violencia como método para la consecución de objetivos políticos o para hacer desaparecer las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia, del pluralismo y de las libertades políticas; y cuando complemente y apoye políticamente la acción de organizaciones terroristas para la consecución de sus fines de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública”.

El líder de la izquierda abertzale Rufi Etxeberría presentó ayer los estatutos del nuevo partido con el que pretenden presentarse a los próximos comicios electorales municipales y forales del mes de mayo. Con esta nueva formación, la izquierda abertzale acata la Ley de Partidos Políticos, algo a lo que estaban obligados si querían regresar a la vida política. Así lo ha expresado Etxeberría: “En los estatutos que se van a presentar, la izquierda abertzale rechaza y se opone al uso de la violencia o la amenaza de su utilización para el logro de los objetivos políticos y eso incluye la violencia de ETA, si la hubiera, en cualquiera de sus manifestaciones. De forma explícita, el nuevo proyecto político y organizativo de la izquierda abertzale ni justifica ni ampara el uso de la violencia, cualquiera que sea el origen o naturaleza de la misma. Y, en consecuencia, rechaza el uso de cualquier tipo de violencia, coacción o connivencia política u organizativa con organizaciones que la utilicen para obtener fines u objetivos políticos”. El abogado Iñigo Iruin, que acompañó a Etxeberría en la lectura de los estatutos, amplió la información asegurando que el rechazo de la violencia por parte de la nueva formación incluye, “abiertamente y sin ambages, a la organización ETA, en cuanto sujeto activo de conductas que vulneran derechos y libertades fundamentales de las personas”. Iruin añadió además que serán expulsados los miembros del partido que incumplan lo previsto en la Ley de Partidos.

Las respuestas por parte del PSOE y el PP no han tardado en llegar. El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aunque ha admitido que “es la primera vez que Batasuna rechaza expresamente la violencia de ETA, su credibilidad está bajo mínimos”. Así mismo, reconoció que enviará los nuevos estatutos a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado para que sean los jueces quienes decidan si se pueden presentar o no. Por su parte, los miembros del Partido Popular no han sorprendido a nadie. Mientras María Dolores de Cospedal aseguró que harán “cuanto esté a su alcance para evitar que Batasuna se presente a las elecciones”, Esteban González Pons quiso ir más allá y usó una comparación muy poco afortunada para afirmar que “legalizar Batasuna sería como si los aliados pactaran con los nazis al entrar en Berlín”.

La cuestión es: cumpliendo la nueva formación con lo exigido, ¿qué motivos se esgrimirán ahora para impedir su presentación en las próximas elecciones? No podemos olvidar que todos los partidos deberían ser tratados igualmente ante la ley. Por ello, si los estatutos son finalmente estos, no habría razones para impedir que la izquierda abertzale se pueda presentar.

En definitiva, cuando se presente a un extranjero respecto del cual proceda iniciarse expediente de expulsión, la primera actuación que ha de realizarse, a la mayor brevedad y en el tiempo mínimo imprescindible, es el acuerdo de iniciación del expediente de expulsión.

Esto es exactamente lo que dice la Circular 1/2010 que difundió con fecha de 25 de enero la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, cuyo objetivo no es más que, como ya han denunciado diferentes asociaciones pro derechos humanos, poder expulsar a los inmigrantes ilegales en territorio español con la “mayor brevedad posible”.

El Foro Galego da Inmigración fue una de las primeras asociaciones que quiso denunciar la existencia de una circular secreta que pone de manifiesto la “persecución policial” contra el colectivo inmigrante y el interés por las “expulsiones exprés” de los mismos. Aunque el secretismo del comunicado fue después negado por el propio ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en las 29 páginas que conforman la circular puede advertirse destacada la siguiente aclaración:

Documento de uso restringido para unidades de extranjería y fronteras del Cuerpo Nacional de Policía. Prohibida su reproducción, difusión, publicación o utilización por personal ajeno a estas unidades.

Entre otras cosas, y aunque desde el ministerio señalan que la circular no hace otra cosa que aclarar las actuaciones policiales derivadas de la reciente Ley de Extranjería, el documento hace mención al artículo 11 de la LO 1/1992, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, que dice:

[...] impone a los extranjeros que se hallen en España dos obligaciones: Una, la de acreditar su identidad. Otra, la de acreditar que se hallan legalmente. En este supuesto, esa misma norma posibilita, al objeto de sancionar una infracción, el traslado a la dependencia policial para practicar las diligencias de identificación por el tiempo imprescindible.

En relación al tema, pude intercambiar unas palabras con Miguel Fernández Blanco, portavoz del Foro Galego da Inmigración.  Lea el resto »