En contraportada

Os dejo aquí un vídeo de la mesa redonda sobre Wikileaks en la que participé el jueves pasado. Durante la grabación, realizada gracias a la gente de Tabacanal, hubo algunos problemas de conexión por lo que faltan algunas partes. En unos días, colgaré un archivo de audio para escuchar las intervenciones enteras.

De izquierda a derecha están: Víctor Sampedro (catedrático de Opinión Pública y Comunicación Política); Gumersindo Lafuente (adjunto al director de El País); yo; Miguel Romero (editor de Viento Sur); y David de Ugarte (cofundador de la Sociedad Cooperativa de las Indias Electrónicas).

Como ya os adelanté el lunes, esta tarde a las 20.00 horas estaré en la Nave Central de La Tabacalera de Lavapiés para participar en una mesa redonda sobre Wikileaks con Gumersindo Lafuente (adjunto al director de El País), David de Ugarte (cofundador de la Sociedad Cooperativa de las Indias Electrónicas), Miguel Romero (editor de Viento Sur) y Víctor Sampedro (catedrático de Opinión Pública y Comunicación Política por la URJC).

La entrada será libre y podrá seguirse vía streaming a través del canal Tabacanal de La Tabacalera: http://www.ustream.tv/channel/tabacanal

“La sección podrá adoptar las medidas para que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información que vulnere derechos de propiedad intelectual o para retirar los contenidos que vulneren los citados derechos siempre que el prestador, directa o indirectamente, actúe con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial”. Es uno de los puntos del texto modificado de la conocida como Ley Sinde que el lunes pactaron PP, PSOE y CiU y que permitirá su aprobación en el senado.

Sin afán de entrar en un análisis profundo de la ley (ya hay un montón de artículos sobre el tema escritos por gente que entiende mucho más de legislación), sí me gustaría parar en este punto del texto. Sobre todo en el término “susceptible”. Aunque con esta modificación las decisiones del cierre de un sitio tendrán que ser aprobadas por los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, no deja de llamar la atención que uno de los motivos principales para la interrupción de la prestación de un servicio sea su “susceptibilidad de causar un daño patrimonial”. Siendo sinceros, se trata de un simple eufemismo para poder, en el caso de que se considere oportuno, cerrar cualquier servicio en Internet. Para entendernos, algún creador puede pensar que Google es “susceptible de causar un daño” a su obra al introducir en su base de datos un enlace a un página de descargas y denunciarlo. ¿Se bloquearía entonces a Google?

El término susceptible es tan amplio que permitiría cerrar cualquier página que introduzca un enlace a otra web que, entre sus contenidos, incluya una descarga. Nos acercamos muy peligrosamente a unos modos de control y censura de Internet muy propios de otras formas de “gobierno”. ¿Es esto lo que queremos?

El próximo jueves 27 a las 20.00 horas estaré en La Tabacalera de Lavapiés (Glorieta de Embajadores) para participar en una mesa redonda sobre las posibles repercusiones sociales de Wikileaks que organiza el Colectivo Sociocultural elRadiador. La mesa estará formada por Gumersindo Lafuente (adjunto a la dirección de El País); Miguel Romero (editor de la revista Viento Sur); David de Ugarte (cofundador de la Sociedad Cooperativa de las Indias Electrónicas); y Víctor Sampedro (catedrático de Opinión Pública y Comunicación Política por la URJC). A mí me toca el papel de moderador.

La mesa redonda estará en la Nave Central del edificio y la entrada es libre. Además, habrá streaming para seguirla en directo en Internet (a través de este enlace). También podéis comentarla, si queréis, en Twitter (quizás se podría continuar con el hashtag #wldebate).

Os espero!

Primero, María Dolores de Cospedal rebautizó al PP como “el partido de los trabajadores”. Ayer, durante la Convención Nacional en Sevilla, no contenta con ese término, acuñó para el Partido Popular otra definición: “El PP tiene en el frontispicio de su ideario la defensa y la protección de los más débiles”. Lo extraño es descubrir qué entienden los populares por los más débiles. ¿Quizás las personas en situación de dependencia? No, teniendo en cuenta que el Observatorio de la Dependencia suspendió en 2009 a las Comunidades autónomas de Madrid, Valencia y Murcia (las tres con gobierno popular) en cuanto a desviaciones, incumplimientos y efectos de la aplicación de la Ley de Dependencia.

Pero la defensa de las personas por parte de los populares no se quedó ahí. Una de las sesiones plenarias de la convención tenía el nombre de “Lo primero, las personas”, en la que participaron grandes defensores de los derechos humanos como Jaime Mayor Oreja. El eurodiputado popular, entre otras cosas, dijo que “no es posible que sigamos en España abrazados a la administración de la cultura de la muerte”, en clara referencia a la conocida como Ley del Aborto. En la misma sesión, el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, defendió el contrato de integración para inmigrantes, ya que “de esta forma, el inmigrante sabe que viene a trabajar, no a una aventura donde al final terminan formándose guetos y otras situaciones indeseables”. Eso sí, después afirmó que “son ante todo y sobre todo personas y hay que tratarles como tales y atender sus necesidades”. Lo más interesante es que esto último lo dijo delante de Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del Partido Popular de Cataluña. Extraña que no hayan querido hacer referencias al recurso que tienen presentado en el Tribunal Constitucional por la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Más que “Lo primero, las personas”, quizás los asesores populares debían haber escogido un nombre más propio para la ocasión. Y es que para el PP, parece que hay diferentes niveles de personas.

Atención, pregunta: ¿qué es más importante: la vida y los derechos de las mujeres que son obligadas a prostituirse o los ingresos que los anuncios de prostitución suponen para los medios impresos? El 15 de julio, José Luis Rodríguez Zapatero anunció durante el debate del estado de la nación que este tipo de anuncios “deben ser eliminados”. Por aquel entonces, el presidente del gobierno aseguró que buscarían fórmulas para terminar con la “publicidad de la prostitución” ya que, mientras exista, “se estará contribuyendo a la normalización de esta actividad”. Pero las cosas han cambiado. Esta semana, Ramón Jáuregui, ministro de Presidencia, defendió que, más que prohibición, lo mejor es pactar con los periódicos un “mecanismo de autorregulación” que sirva para que “este tipo de publicidad vaya desapareciendo poco a poco”. Pero si hay algo que llama realmente la atención en este paso atrás en la lucha contra las mafias de la prostitución es el argumento utilizado por Jáuregui: “Nosotros la quitaríamos mañana. Pero no podemos hacerlo porque producimos una lesión económica a un sector que está en una profundísima crisis”.

La primera muestra de que las mafias están detrás de los anuncios de contactos llegó el mes de junio del año pasado durante la “operación Olimpo”. La policía desarticuló entonces una red de proxenetas de origen chino que obligaba a prostituirse a una treintena de mujeres de la misma nacionalidad. La operación comenzó tras detectar la Unidad Central de Redes de Inmigración y Fronteras (UCRIF) una proliferación de anuncios de prostitución idénticos, en los que se ofertaban servicios sexuales con mujeres de origen asiático. Un mes más tarde, la “operación Afrodita” destapaba una nueva muestra de la relación de las mafias con este tipo de publicidad. El 19 de julio, la policía detuvo en Madrid a 105 personas pertenecientes a una banda que explotaba 350 mujeres. Estos publicitaban sus acciones a través de anuncios en prensa escrita. Por último, el pasado mes de noviembre, fueron detenidas 20 personas por explotar sexualmente a 100 mujeres. Se trataba de la “operación Brezo”, que comenzó en 2009 después de que la Brigada de Extranjería y Documentación de Barcelona descubriese numerosos anuncios de contactos con el mismo número de teléfono.

Hoy, los periódicos con anuncios de prostitución en sus páginas volverán a embolsarse por ello alrededor de 150.000 euros. Y así será hasta que nos demos cuenta de que vale más la vida de una persona que los ingresos de los medios. No puedo evitar recordar un artículo que escribí hace apenas un año sobre este tema: El realismo más duro de la prostitución.

“Cuando lleguemos al gobierno haremos lo que hace la gente normal y seria: presentar un plan económico para cuatro años porque es la única forma de dar confianza y seguridad a los agentes sociales”. Lo dijo Mariano Rajoy el sábado pasado en León durante el acto de clausura de la I Cumbre del PP en el Exterior. Unos días antes, María Dolores de Cospedal intentaba aclararnos las cosas: “Vamos a decir cuáles son nuestras propuestas. En nuestras propuestas hay austeridad y en nuestras propuestas hay sacrificio. Y en nuestras propuestas hay compromisos y cumplimiento de los compromisos. Y en nuestras propuestas, desde luego hay libertad, pero hay igualdad de oportunidades. Y en nuestras propuestas hay la defensa de un servicio público de calidad, pero hay condena del despilfarro”. Para el Partido Popular, no hay más confianza y seguridad que no decir nada.

Rajoy se hizo socio desde hace mucho tiempo del cuando gobierne haré esto o lo otro pero sin avanzar ninguno de los pasos que dará para lograrlo. Hace poco más de un año, en aquella entrevista concedida a El Mundo en la que aparecía posando delante de una cola del paro, ya anunció que “cuando gobierne, bajará el paro”. Lo mismo hizo en otra entrevista a La Razón en septiembre del año pasado: “Cuando gobierne, haré una reforma laboral”, dijo en aquella ocasión.

Hoy, las cosas han cambiado. El líder del Partido Popular cree que ya ha llegado la hora de iniciar una “nueva etapa” como oposición: la fase de presentación de “propuestas”. Esta nueva forma de hacer oposición comenzará el fin de semana, coincidiendo con la celebración de la Convención Nacional del partido en Sevilla. La pregunta es: ¿será el propio Rajoy quien se encargue de presentar estas propuestas? ¿Serán secundarios del partido los que lo hagan para ver cómo responde la gente? O, y esta es una opción muy probable, ¿las propuestas llegarán “cuando gobierne…”?

El pasado miércoles 12 de enero, Daniel Basteiro, corresponsal en Bruselas del diario Público, le hacía a Francisco Camps dos preguntas: la primera, sobre si su posible juicio por supuesto cohecho en el caso de los trajes influiría en su candidatura para las próximas elecciones a la Comunitat Valenciana; la segunda, sobre su opinión acerca de la gestión que la ejecutiva del Partido Popular realizó en la marcha de Francisco Álvarez-Cascos del partido tras haber sido apartado de la lista para Asturias.

El molt honorable Camps apuntaba al inicio de su respuesta que le parecían preguntas muy interesantes. Tanto, que le sirvieron para hablar durante casi cinco minutos de la inclusión del Corredor Mediterráneo en el proyecto Ferrmed, que se estaba presentando en el Parlamento europeo. Al finalizar la comparecencia, el presidente de la Comunitat Valenciana, sin darse cuenta de que los micrófonos seguían abiertos, aprovechaba para mofarse del periodista. Manuel Villalante, director general de Transportes del Ministerio de Fomento, además de calificar de “mal gusto” la pregunta de Basteiro, le preguntaba a Camps si ya estaba acostumbrado a ese tipo de cuestiones. “Estos son los que me dan votos. Las dos tercios del parlamento valenciano serán del PP”, contestó.

Hay un sinfín de formas de reírse de la labor del periodista. La mofa y evasión ante preguntas incómodas es una de ellas. Otra, muy habitual, es la de organizar conferencias y ruedas ante los medios avisando de que no se permitirán preguntas. Se conocen como declaraciones institucionales. Ambas son, además de una burla al oficio periodístico, un ataque directo a la libertad de expresión y a la libertad de información de la ciudadanía. En abril de 2008, los directores de los diarios nacionales más importantes, tanto de pago como gratuitos, el Colegio de Periodistas y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España firmaban un texto según el cual rechazaban públicamente este tipo de actuaciones. Hoy, más de dos años después, todavía son habituales y aún no hemos visto salas de prensa con las butacas vacías.

“Lamentablemente, y digo lamentablemente, el próximo gobierno va a ser del Partido Popular”. No lo digo yo, sino María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP. Está “convencida”. El Partido Popular, según vaticinan todas las encuestas y a no ser que las cosas cambien radicalmente, se hará con el gobierno en las próximas elecciones de 2012. Y tan lamentablemente.

Mariano Rajoy llegará a la presidencia como quien llega por primera vez al colegio. Desorientado y sin apenas amigos. Se sentará en la Moncloa después de haber ganado los comicios con un programa electoral lleno de palabras vacías y papeles en blanco. ¿Su método infalible? Sentarse, mantener la boca cerrada y no dar opinión alguna sobre ningún aspecto que no sea una crítica al gobierno actual. De las pocas veces que se le ha escapado algo, podemos intuir que, por ejemplo, tomaría algunas medidas como las de David Cameron. Ya saben, recortes de la ayuda a los parados de larga duración, eliminar ayudas a estudiantes de renta baja, triplicando además las matrículas universitarias, y un largo etcétera de medidas restrictivas.

Lamentablemente, los compañeros de clase de Rajoy no serán mejores que él. El delegado en la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, tiene una causa abierta por un presunto cohecho en el caso de los trajes, por no hablar de ese compañero de nombre Gürtel o del afortunado Carlos Fabra, tanto en el juego como en la justicia. El líder del Partido Popular llegará a 2012 con un circo al que cada vez le crecen más enanos. Y aún así, lamentablemente, el próximo gobierno será suyo.

Gabrielle Giffords, congresista demócrata estadounidense, recibió ayer por la mañana un disparo en la cabeza mientras se dirigía a un grupo de simpatizantes en la ciudad de Tucson, Arizona. Participaba en un Congress on your corner (Congreso en tu esquina), iniciativa en la que los legisladores dialogan cara a cara con los ciudadanos. Además de Giffords, otras 18 personas fueron alcanzadas por el tiroteo, seis de las cuales son víctimas mortales.

Gabrielle Giffords, que consiguió su escaño en la cámara de representantes estadounidense en enero de 2007, fue reelegida en su cargo el pasado mes de noviembre por el octavo distrito de Arizona. En su programa político, destacan, entre otras cosas, la reforma de la ley sobre inmigración -tema muy polémico en Arizona-, la defensa de la investigación con células madre y un posicionamiento a favor de las energías renovables. El pasado viernes, en una entrevista concedida a Fox News, habló incluso de una reforma para reducir el salario de los congresistas en un 5%.

Spencer Giffords, padre de la legisladora, fue preguntado ayer sobre los posibles enemigos de su hija. “El Tea Party al completo”, dijo. Se refería a ese movimiento político estadounidense de derechas liderado, entre otros, por la senadora republicana Sarah Palin, quien rápidamente se sumó a las condolencias por el ataque. Tiene razón el padre de la legisladora. En abril de 2010, Estados Unidos aprobaba el proyecto de reforma de la sanidad. Por aquellas fechas, Palin publicó una nota en Facebook con los nombres de los veinte congresistas demócratas que habían votado a favor de dicha reforma en las circunscripciones electorales donde el ex candidato John McCain, que contaba con el apoyo de la senadora, había conseguido la mayoría en las elecciones de 2008. La nota incluía además un curioso mapa -hasta ayer visible en su web-. En él, Palin colocó un símbolo similar a una mira telescópica sobre las mencionadas circunscripciones. Tres de esos símbolos apuntaban a Arizona. El primero se dirigía a Ann Kirkpatrick, congresista escogida por el primer distrito del estado; el segundo, a Harry E. Mitchell, elegido por el quinto distrito; y el tercero apuntaba a la congresista electa por el octavo distrito, Gabrielle Giffords.

En septiembre de 2010, Palin, a través de otra nota en Facebook, anunciaba el lanzamiento de una nueva web cuyo objetivo era el de animar a la gente a que quitase del mandato a esos veinte congresistas. El nombre de la web -inaccesible ahora mismo- era Take Back the 20. Esta, tenía un mensaje de bienvenida de la propia senadora, en el que invitaba a la gente a que se unieran a ella “para parar los pies a aquellos que estuvieron con Obama y Pelosi y votaron a favor de este desastroso proyecto” (refiriéndose a la reforma sanitaria).

Gabrielle Giffords, poco después de hacerse público el mapa de Palin, declaraba a la cadena estadounidense MSNBC que “la forma en que se muestra, con las mirillas sobre nuestro distrito… La gente que hace esto tiene que saber que estas acciones tienen consecuencias”. Está lejos de mi intención querer acusar a nadie que no sea el verdadero culpable de los disparos. Sin embargo, lo sucedido invita a una reflexión muy profunda sobre las formas de hacer política. Ayer se hizo evidente que no todo vale para ganar votos. Y toda acción, como bien dijo Giffords, tiene consecuencias.