En contraportada

Por fin. Se ha conseguido y sin necesidad de volver al Congreso. La conocida como Ley del Aborto se aprobó ayer en el Senado, al ser rechazadas todas las enmiendas parciales y los tres vetos del PP, UPN y Unió. Mientras una parte del hemiciclo sonreía ante un nuevo éxito de Bibiana Aído -el Ministerio de Igualdad funciona, pese a quien le pese- la derecha se llevaba las manos a la cabeza, proclamando que el gobierno solo quiere “acabar con la familia y desproteger la vida”. Es curioso eso de desproteger la vida, cuando la nueva ley protegerá muchísimo más que antes a todas las mujeres que quieran y/o tengan que abortar.

Pero analicemos un poco más en profunidad esta ley. Desde los medios de comunicación, incluso desde el mismo gobierno, ya se le denomina únicamente como Ley del Aborto, pero es mucho más que eso. Su nombre real es Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, algo que toca muchos más temas, además del aborto. Los aspectos más conocidos de la nueva norma son los referidos al Título II, de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que supondrán:

Aborto libre hasta las 14 semanas, siempre que se haya informado a la mujer sobre la interrupción del embarazo, sus derechos, prestaciones y ayudas públicas a la maternidad y que haya transcurrido un plazo de tres días desde la información mencionada hasta la intervención.

Interrupción por causas médicas. La mujer podrá interrumpir su embarazo hasta la semana 22 cuando exista un grave rieso para la vida o la salud de la mujer o del feto y así conste en un dictamen médico emitido con anterioridad a la intervención por dos especialistas distintos (no podrán ser médicos provida).

Después de la semana 22. En el caso de que haya malformación incompatible con la vida del feto o este padezca una enfermedad de extrema gravedad e incurable, no hay límite. En el primer caso tendrán que emitir un dictamen dos médicos especialistas distintos del que practique el aborto. Cuando se trate de una enfermedad grave e incurable, un comité clínico (tres médicos) confirmará el diagnóstico. Habrá al menos un comité en la red pública de Salud de cada comunidad autónoma, elegido por las autoridades sanitarias. La mujer podrá elegir al menos a uno de los tres miembros del comité.

Menores entre 16 y 17 años. La nueva Ley permite el aborto a menores entre 16 y 17 años, siempre y cuando uno de los representantes legales esté informado. En el caso de que esto suponga un conflicto grave en la vida de la menor, como violencia intrafamiliar, coacciones, amenazas, malos tratos, situación de desarraigo o desamparo, no será necesario informar a ningún representante.

Estos son los puntos que centran el interés, sin embargo, y es algo que no se ha tratado con suficiente énfasis, la nueva Ley también recoge lo siguiente (Título I, de la salud sexual y reproductiva):

Los poderes públicos, en el desarrollo de sus políticas sociales, sanitarias y educativas, promoverán las relaciones de igualdad y respeto mutuo entre hombres y mujeres en el ámbito de la salud sexual y la adopción de programas educativos diseñados para la convivencia y el respeto a las opciones sexuales individuales; el acceso universal a la información, a la educación sexual, a los servicios y programas de salud sexual y reproductiva y a métodos seguros y eficaces que permitan regular la fecundidad; y la eliminación de toda forma de discriminación, con especial atención a las personas con algún tipo de discapacidad, a las que se les garantizará su derecho a la salud sexual y reproductiva, estableciendo para ellas los apoyos necesarios en función de su discapacidad.

La promoción de la salud sexual y reproductiva está orientada a proporcionar educación sanitaria integral y con perspectiva de género, promover la corresponsabilidad en las conductas sexuales (sea cual sea la orientación sexual), y proporcionar información sanitaria sobre anticoncepción y sexo seguro (para prevenir ETS así como embarazos no deseados).

Se establece que la sanidad pública incluya en su cartera de servicios los anticonceptivos más modernos. Esto significa que financiará un 60% de su coste, como ocurre con medicamentos comunes.

Los estudiantes de carreras relacionadas con las ciencias de la salud recibirán formación específica sobre las interrupciones voluntarias del embarazo y se fomentará la investigación de nuevas técnicas sanitarias. Además, se impartirá salud sexual en los colegios (aún no se sabe a qué edades).

Para el cumplimiento de los objetivos, se aprobará un Plan denominado Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que contará con la colaboración de sociedades científicas y profesionales, además de organizaciones sociales.

Dicho esto, no hay argumentos para estar en contra. A no ser, claro, que alguien no abogue por educar…