En contraportada

Según explican en la página web de la SER, el 17 de Junio de 2003 la cadena ofreció una información sobre la denuncia que la entonces alcaldesa de Villaviciosa de Odón (del Partido Popular), Pilar Martínez, presentó ante los órganos internos de su propio partido, pidiendo al entonces secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada, que se “garantizase el proceso electoral interno de la agrupación local”, después de advertir la afiliación irregular masiva que vivió el municipio con el fin de ser controlado por unos intereses comunes, principalmente en materia de urbanismo.

¿Por qué de urbanismo? Porque entre todas las afiliaciones irregulares destacaban dos por encima de las demás. Eran los nombres de Bravo y Vázquez, constructores que más adelante ocuparían las portadas de los medios de comunicación como autores del conocido “Tamayazo” que impidió convertirse en presidente de la Comunidad de Madrid al candidato socialista, Rafael Simancas.

La alcaldesa de Villaviciosa de Odón, en una de las cartas dirigidas a Romero de Tejada, que luego estuvo en posesión de la Cadena SER, incluía información acerca de 100 afiliados, de entre los que destacaba 78, que no habían realizado los trámites legales para afiliarse y que ni siquiera habían sido aprobados por el Comité Local del Partido.

En sus informaciones, la Cadena SER prestó toda su atención a estos 78 afiliados, muchos de ellos ”relacionadas con Bravo y Vázquez; algunas por trabajar en sus empresas y otras incluso por ofrecer como domicilio las propias instalaciones de la empresas de los constructores”, tal y como informa la emisora. Toda esta información fue revelada el 17 de Junio por la cadena en sus informativos y publicada en la página web de la misma, ayudando el texto con la inclusión de documentos que probaban la veracidad de los hechos (las cartas de la alcaldesa y los datos de las afiliaciones irregulares).

Posteriormente, en el juicio celebrado el pasado 19 de Octubre en el juzgado número 16 de lo Penal de Madrid, la propia Pilar Martínez defendió la información publicada por la Cadena SER. El problema llegó cuando el juez Ricardo Rodríguez Fernández, aunque sí consideró el hecho “noticiable”, añadió que la información debía centrarse simplemente en los hechos irregulares, obviando los nombres y datos de las personas que habían acometido las afiliaciones irregulares.

Por último, el juez quiso dejar claro que “la protección constitucional al derecho a la información se refiere a los medios de comunicación social (televisión radio o prensa escrita), pero debe matizarse, que Internet, no es un medio de comunicación social en sentido estricto, sino universal”, por lo que la SER, en opinión del magistrado, incumplió el artículo 197 del Código Penal, al acometer un delito de revelación de secretos.

El resultado final fue lo más lamentable de todo. Un año y nueve meses de prisión para Daniel Anido y Rafael Irago, además de inhabilitarles para la dirección de medios de comunicadión, para el ejercicio periodístico y para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que fija la condena.

La sentencia, aquí. Juzgad ahora vosotros mismos. Aún así, leed debajo el artículo 20 de la Constitución. Yo no dejo de preguntarme dónde lo han dejado.

Artículo 20

1. Se reconocen y protegen los derechos:

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

c) A la libertad de cátedra.

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollan y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.